El Gobierno buscará avanzar con cambios en el Banco Central, la defensa de la propiedad privada, la simplificación fiscal y nuevas desregulaciones para el sector productivo.
Con el calendario político nuevamente en el centro de la escena, el Gobierno nacional comenzó a definir los próximos pasos de su programa económico y legislativo con la mirada puesta en consolidar las reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027.
En la administración de Javier Milei destacan como señales positivas la estabilidad cambiaria, el aumento de las exportaciones y la desaceleración de la inflación. Al mismo tiempo, reconocen que la mejora de los indicadores todavía debe traducirse con mayor claridad en los ingresos y el consumo de los trabajadores.
Funcionarios nacionales mantienen expectativas de una recuperación más visible durante los próximos meses. Según las estimaciones que circulan dentro del Ejecutivo, la actividad económica podría mostrar una aceleración hacia noviembre, siempre que se mantenga la estabilidad macroeconómica y continúe el ordenamiento de las cuentas públicas.
El oficialismo también buscará recuperar el impulso legislativo para avanzar con un conjunto de reformas consideradas estratégicas. Entre los proyectos pendientes aparecen la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los cambios en el Régimen de Inocencia Fiscal y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
La reforma del BCRA apunta a fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y establecer mayores límites al financiamiento del gasto público mediante emisión. El Gobierno considera que estas restricciones son necesarias para evitar que futuros gobiernos utilicen nuevamente al Banco Central para cubrir desequilibrios fiscales.
La agenda también incluye una reforma electoral que contempla la eliminación de las elecciones primarias y modificaciones al Régimen de Zonas Frías. A estas iniciativas se suman dos propuestas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado: la reforma del Código Aduanero y la desregulación del mercado inmobiliario.
Los cambios aduaneros tendrían como objetivo simplificar procedimientos, reducir costos operativos y facilitar el comercio exterior. En el sector inmobiliario, el Ejecutivo busca eliminar regulaciones que dificultan la oferta de viviendas, alquileres e inversiones privadas.
La hoja de ruta refleja la intención de profundizar el programa liberal iniciado en diciembre de 2023. El desafío del Gobierno será convertir la estabilidad alcanzada en crecimiento, inversión y recuperación del poder adquisitivo, sin abandonar el equilibrio fiscal ni recurrir nuevamente a la emisión monetaria.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas.
Fuente de imagen: Agencia Noticias Argentinas / Presidencia de la Nación.






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