La nueva reglamentación elimina requisitos previos, crea un registro digital y reduce la intervención estatal en las operaciones de petróleo, gasoil, gasolinas y derivados.

El Gobierno nacional reglamentó este miércoles un nuevo esquema para la libre exportación de hidrocarburos, con el objetivo de agilizar las ventas al exterior y reducir las cargas administrativas que enfrentan las empresas del sector energético.

La medida fue instrumentada mediante la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. La normativa alcanza a las exportaciones de petróleo crudo, gasolinas, gasoil, propano, butano y Gas Licuado de Petróleo.

Uno de los principales cambios es la creación del Registro de Operaciones de Exportación, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos. Allí quedarán asentadas las notificaciones de cada operación, las eventuales objeciones oficiales y las constancias que habilitan la libre exportación.

El nuevo régimen reemplaza el sistema que obligaba a las compañías a demostrar que habían ofrecido previamente el producto en el mercado interno. Según los fundamentos oficiales, ese mecanismo generaba distorsiones y no garantizaba de manera eficiente el abastecimiento nacional.

A partir de ahora, los productores podrán comercializar libremente los hidrocarburos extraídos mediante un procedimiento digital realizado a través de la plataforma Trámites a Distancia. La autoridad tendrá hasta 30 días hábiles para objetar operaciones de petróleo, gasolinas o gasoil y siete días para las exportaciones de propano, butano y GLP.

Cuando el Estado no se pronuncie dentro de esos plazos, se aplicará el silencio administrativo positivo. Esto permitirá al exportador solicitar directamente la constancia correspondiente y brindará mayor previsibilidad a los contratos y programas de embarque.

La Secretaría de Energía conservará la posibilidad de intervenir cuando exista riesgo para el abastecimiento interno, información falsa, falta de reservas suficientes o indicios de prácticas anticompetitivas.

Para el Gobierno, la reforma permitirá reducir la burocracia, fortalecer la seguridad jurídica y facilitar nuevas inversiones en infraestructura energética. Los proyectos que necesiten obras de gran escala también podrán articular sus trámites con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Fuente de imagen: Agencia Noticias Argentinas. La publicación original no consigna un crédito fotográfico específico.