El Gobierno avanzó con la tercera etapa de concesiones privadas, que comprende más de 3.900 kilómetros y ocho corredores estratégicos del país.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Corredores Viales al aprobar la precalificación de 22 oferentes para administrar y mantener más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1024/2026 del Ministerio de Economía. La apertura de las propuestas económicas está prevista para este miércoles 22 de julio, a las 9, a través del sistema oficial CONTRAT.AR.

Las empresas presentaron un total de 50 ofertas para competir por ocho tramos: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

El nivel de participación constituye uno de los datos centrales del proceso, debido a que la competencia entre distintos oferentes permite comparar precios, planes de inversión, capacidad técnica y propuestas de mantenimiento antes de adjudicar cada corredor.

Entre las compañías que superaron la etapa de evaluación aparecen CPC, que presentó propuestas para todos los tramos; la unión transitoria conformada por José Chediack y Benito Roggio e Hijos; y Panedile Argentina, entre otras empresas constructoras.

El Ministerio de Economía también rechazó las ofertas de un consorcio para los tramos Centro y Cuyo porque no cumplió con los requisitos económicos y financieros establecidos en los pliegos. El grupo intentó incorporar documentación fuera de término, pero la presentación fue descartada para preservar la igualdad entre todos los competidores.

La tercera etapa forma parte de una red de concesiones que, una vez completada, superará los 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo administración privada.

El esquema establece que los adjudicatarios deberán asumir la explotación, administración, mantenimiento y ejecución de obras en los corredores. El financiamiento se realizará mediante el régimen de concesión por peaje y podrá complementarse con otras actividades autorizadas.

La política impulsada por el Gobierno busca reemplazar la gestión directa de una empresa estatal por contratos con operadores privados sujetos a inversiones, estándares técnicos y obligaciones de mantenimiento.

Con este modelo, el Estado conserva la responsabilidad de controlar los contratos, pero transfiere la operación cotidiana y el riesgo empresarial a los concesionarios. El objetivo es mejorar la infraestructura vial sin depender exclusivamente del presupuesto nacional para sostener cada corredor.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas.

Fuente de imagen: Agencia Noticias Argentinas —imagen publicada en la nota—.