Con 22 votos a favor —incluido el bloque del gobernador— la Legislatura aprobó en agosto la eliminación de la rotación obligatoria en la cúpula del máximo tribunal provincial. Figueroa la promulgó la semana pasada. El presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, ahora puede reelegirse indefinidamente. La oposición advirtió sobre concentración de poder. La casta no escuchó.

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DESARROLLO

En Neuquén, mientras el gobierno nacional avanza en reducir el Estado, desregular la economía y poner límites al poder político, el gobierno provincial hizo exactamente lo contrario: eliminó los límites al poder judicial.

El viernes 26 de septiembre, el gobernador Rolando Figueroa promulgó en el Boletín Oficial la modificación del artículo 36 de la ley orgánica del Poder Judicial. La norma había sido aprobada por la Legislatura en agosto con 22 votos a favor y apenas 3 en contra. Su efecto es simple y su implicancia es profunda: el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ya no tendrá límite de mandatos. Puede reelegirse cuantas veces quiera.

Hasta ahora, la presidencia del TSJ rotaba anualmente entre sus cinco integrantes. En 2023 se introdujo el primer cambio: se habilitó la posibilidad de una única reelección consecutiva. Eso ya era un avance en la concentración del cargo. Pero la nueva ley va mucho más lejos: suprime directamente cualquier límite. Quien ocupa hoy la presidencia —el juez Gustavo Mazieres, en el cargo desde 2025— puede quedarse ahí de forma indefinida si obtiene los votos de sus colegas cada diciembre.

El argumento y lo que esconde

El proyecto fue presentado por el diputado César Gass (UCR), quien aseguró durante el debate que su iniciativa «le sobra lógica» y que dotará al TSJ de «autonomía institucional, eficiencia operativa y transparencia», alejando el proceso de selección de «presiones de otros poderes del Estado».

El argumento es curioso. La forma de evitar presiones de otros poderes no suele ser eliminar el mecanismo que garantiza la renovación periódica del cargo. Al contrario: cuando un juez sabe que su continuidad depende de la voluntad de sus pares —quienes a su vez tienen vínculos con el sistema político— la inamovilidad del cargo no genera independencia. Genera dependencia disfrazada de estabilidad.

Pero lo que más llama la atención no es el argumento del autor del proyecto. Es quiénes lo votaron. Los 22 votos a favor incluyeron los bloques Comunidad —el espacio del propio Figueroa—, MPN, PRO-NCN, Juntos, Neuquén Federal, Avanzar y JxC-UCR. En otras palabras: la coalición política que controla el Ejecutivo provincial también se encargó de consolidar el nuevo esquema en la cima del Poder Judicial. La separación de poderes, en papel.

Solo tres legisladores votaron en contra: las bancas del FIT-U, PTS-FIT-U y la diputada Mónica Guanque de Democracia Neuquén. La diputada Julieta Ocampo del FIT-U fue la más clara en el diagnóstico: esta modificación «facilita la concentración de poder» y no resuelve los problemas estructurales de independencia del Poder Judicial neuquino.

El patrón

No es un hecho aislado. Es parte de una forma de hacer política que el peronismo provincial y sus aliados practican con consistencia: cuando tienen mayoría, modifican las reglas para hacer más difícil que alguien diferente pueda ocupar los espacios de poder.

En 2023 ya se había flexibilizado este mismo mecanismo. Dos años después, la misma lógica llevó a eliminar el límite por completo. La pregunta relevante no es técnica —si la rotación anual era o no eficiente— sino política: ¿quién se beneficia de que el mismo juez pueda presidir el tribunal para siempre?

Mientras la gestión de Milei avanza en limitar el gasto, reducir el aparato del Estado nacional y establecer reglas que no cambien según la conveniencia del poder de turno, en Neuquén el oficialismo provincial acaba de hacer lo opuesto: escribió una regla a su medida y la firmó sin que nadie se lo impida.

La casta tiene muchas formas. Esta es una de las más silenciosas.