Con 42 firmas contra 36 de la oposición, La Libertad Avanza logró que su propio proyecto se imponga en el plenario de comisiones y se trate primero en el recinto. La propuesta reemplaza el esquema de emergencia anual por una ley permanente que mantiene la actualización mensual de la pensión y suma beneficios impositivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.

El Congreso avanzó este martes hacia una definición de fondo para la política de discapacidad en la Argentina. En el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto, el bloque de La Libertad Avanza, con el respaldo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo, el MID, La Neuquinidad y Argentina Federal, logró imponer su propio proyecto de ley con 42 firmas contra 36 de la oposición. La consecuencia práctica: cuando el tema llegue al recinto, será el texto oficialista el que se trate en primer término.

El proyecto, presentado por la diputada Laura Rodríguez Machado, apunta a un cambio de fondo: dejar atrás el esquema de «emergencia» que la Argentina viene prorrogando año tras año, y reemplazarlo por una ley permanente. Según el artículo 1 de la propuesta, el objetivo es «fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones». «No venimos a demonizar la emergencia, sino a establecer una ley», resumió Rodríguez Machado.

Lo que se mantiene, y lo que se suma

El nuevo texto conserva los pilares que más preocupaban a las organizaciones del sector: la pensión no contributiva por discapacidad sigue vigente y continuará actualizándose por inflación de manera mensual, tal como ocurre hoy. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud, y se ratifica el nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado, evitando que cada obra social, prepaga o provincia fije sus propios valores por separado.

Pero el proyecto también incorpora dos novedades con una lógica clara de incentivo al trabajo genuino: la pensión será compatible con un empleo registrado, siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, y las empresas que empleen a personas con discapacidad por tiempo indeterminado contarán con beneficios impositivos. Es decir, en lugar de que la asistencia estatal sea un techo que desalienta salir a trabajar, el esquema empieza a premiar la inserción laboral real, tanto del lado del beneficiario como del empleador.

Una ley definitiva, no una discusión de cada año

El fondo del planteo oficialista es previsibilidad institucional: terminar con la incertidumbre de que, cada 12 meses, el Congreso tenga que volver a debatir si prorroga o no una emergencia, con todo lo que eso implica de incertidumbre para pacientes, familias y prestadores. Una ley permanente saca ese tema de la coyuntura política anual y le da estabilidad de largo plazo a un derecho que no debería depender de una votación cada año.

El texto ahora deberá dar el debate final en el recinto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertir en ley definitiva un esquema que combina la protección de los derechos existentes con nuevos incentivos al trabajo formal, dejando atrás la lógica del parche temporal.