La jueza Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza ya anunció que impulsará su juicio político. Y en las últimas horas circulan versiones periodísticas, no confirmadas, sobre el verdadero origen de la decisión.

La casta judicial bonaerense volvió a mostrar la cara. La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, resolvió suspender por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que había bajado de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires. La norma, que había entrado en vigencia el sábado, quedó frenada apenas 48 horas después.

La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y argumentó que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema podría provocar un colapso en los institutos bonaerenses por problemas de infraestructura, capacidad y personal. En criollo: después de años de gestión kirchnerista en la Provincia, el argumento para no aplicar la ley es que el propio Estado bonaerense nunca preparó el terreno para cumplirla.

La respuesta del Gobierno nacional no tardó en llegar. La Libertad Avanza confirmó que impulsará el juicio político contra Pascual, al cuestionar que una magistrada provincial pueda bloquear por sí sola la aplicación de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, y sostuvo que la resolución profundiza la sensación de impunidad en el distrito más poblado del país. El mensaje es claro: la jueza no solo tomó una decisión polémica, también va a tener que rendir cuentas por ella.

El escándalo escaló horas más tarde, cuando el periodista Eduardo Feinmann aseguró en su programa haber recibido información de una persona cercana a la magistrada, según la cual Pascual habría reconocido en privado que tomó la decisión por pedido del gobernador Axel Kicillof y del diputado provincial Mariano Cascallares, dirigente con fuerte incidencia en el armado judicial bonaerense. Se trata, por el momento, de una versión periodística sin confirmación oficial ni de la propia jueza, que Feinmann atribuyó a un comentario relatado por terceros y que todavía no fue corroborada por ningún otro medio ni por prueba documental. El conductor desafió públicamente a la magistrada a que aclare el verdadero origen de su resolución.

Confirmado o no ese dato puntual, el cuadro de fondo ya alcanza para el escándalo: una ley votada por el Congreso, frenada en 48 horas por una jueza provincial, con un argumento que expone el fracaso de la propia gestión bonaerense en materia de infraestructura penal juvenil. La Justicia bonaerense, otra vez, en el centro de la polémica.