El Gobierno aprobó por Resolución 1468/2026 el ingreso al RIGI del proyecto de Pampa Energía para levantar una megaplanta de urea en Bahía Blanca. Inversión récord, más de 4.800 empleos y exportaciones por USD 800 millones al año. La receta liberal, en estado puro.

El modelo de atraer inversiones con reglas claras volvió a dar resultados concretos. El Gobierno nacional aprobó formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de Pampa Energía para construir una planta de fertilizantes, con un desembolso de USD 2.700 millones. La autorización quedó plasmada en la Resolución 1468/2026, publicada en el Boletín Oficial, que calificó a la iniciativa como «Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo» dentro del sector de petróleo y gas.

No es un anuncio más. El complejo, que se instalará en Ingeniero White (Bahía Blanca) a través del vehículo Fértil Pampa, apunta a convertirse en una de las plantas de urea granulada más grandes del mundo. Y llega a resolver un problema histórico de la Argentina: hoy la producción nacional de urea es prácticamente nula, lo que obliga al país a importar cerca de 1,3 millones de toneladas por año de este fertilizante clave para el agro. Es decir, el Estado kirchnerista dejó que se importara lo que perfectamente se puede producir acá.

Con esta planta, el juego se da vuelta. El proyecto no solo apunta a cubrir la demanda agrícola interna, sino a posicionar a la Argentina como proveedor global de urea, con exportaciones proyectadas por más de USD 800 millones anuales. Divisas genuinas, generadas por el sector privado, sin necesidad de que el Estado ponga un solo peso.

El impacto en el empleo también es contundente: la obra generará más de 4.800 puestos de trabajo durante su construcción, que se ejecutará en dos etapas entre 2026 y 2029. Empleo genuino, del que crea la inversión productiva, no la maquinita de la planta estatal.

El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue directo al señalar por qué esto recién ocurre ahora: «La estabilidad jurídica e impositiva que brinda el RIGI nos permite acceder al financiamiento externo necesario para concretar inversiones récord». Y puso la cifra en contexto: los cuatro principales proyectos de Pampa y TGS suman casi USD 11.000 millones para transformar el potencial del gas de Vaca Muerta en empleo y divisas para la Argentina.

Ese es el corazón del asunto. El RIGI —la herramienta nacida de la Ley de Bases— no «regala» nada: ofrece reglas estables y previsibilidad para que los capitales que durante años miraron a la Argentina de reojo finalmente se animen a poner miles de millones sobre la mesa. Industrializar el gas de Vaca Muerta, sustituir importaciones y salir a exportar al mundo. La agenda que el país postergó durante décadas, hoy en marcha.