El nuevo Régimen Penal Juvenil acababa de entrar en vigencia cuando un juzgado de Lomas de Zamora decidió suspender su aplicación en toda la provincia de Buenos Aires. La magistrada argumentó que el sistema bonaerense no tiene actualmente infraestructura suficiente para recibir a más adolescentes detenidos.

Un fuerte revés judicial golpeó al nuevo Régimen Penal Juvenil apenas dos días después de su entrada en vigencia.

La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en todo el territorio bonaerense.

La decisión surgió a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

La nueva normativa redujo de 16 a 14 años la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido al régimen penal juvenil. La ley había comenzado a regir el sábado 5 de septiembre y este lunes fue reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional.

El argumento que frenó la reforma

El eje del fallo no estuvo puesto, al menos por ahora, en declarar inválida la nueva ley, sino en las condiciones concretas que tendría la provincia de Buenos Aires para implementarla.

Pascual advirtió que el cambio podría incrementar tanto la cantidad de adolescentes detenidos como el tiempo de permanencia dentro de los establecimientos y puso en duda que existan las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para afrontar ese escenario.

Según la magistrada, avanzar con la implementación sin resolver previamente esas deficiencias podría generar situaciones de hacinamiento y vulneración de derechos.

La suspensión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días.

Ahora deberá dar explicaciones la Provincia

La jueza convocó además a una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10, a la que deberán asistir funcionarios provinciales vinculados con Seguridad, Justicia y Niñez.

Allí tendrán que informar cuáles son las condiciones actuales del sistema y qué medidas fueron adoptadas —o están previstas— para implementar el nuevo régimen.

Así, una de las reformas más sensibles en materia de seguridad y responsabilidad penal juvenil quedó frenada en el distrito más poblado del país apenas horas después de comenzar a regir.

La discusión de fondo sobre la nueva ley, mientras tanto, sigue abierta.