La Cámara baja dio media sanción con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones. El proyecto acelera los desalojos, endurece las expropiaciones y vuelve al Senado con cambios, entre ellos la restitución de la Ley de Tierras.

Durante décadas, la propiedad privada en la Argentina fue un derecho de papel: figuraba en la Constitución, pero cualquiera que quisiera recuperar una casa usurpada o defender un campo lo sabía bien. Los juicios de desalojo se eternizaban y las expropiaciones se hacían según el humor del gobierno de turno. Este miércoles, la Cámara de Diputados dio un paso para cambiar esa historia.

Con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, el oficialismo consiguió aprobar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había llegado con media sanción del Senado. Hubo siete ausentes.

Una votación ajustada y una pulseada ganada

El resultado fue ajustado, y la diferencia la marcaron los aliados. Según la cobertura de Rosario Plus, el oficialismo avanzó gracias al respaldo de los bloques que lo acompañan y a la abstención de cinco legisladores vinculados al cordobesismo e integrantes de Provincias Unidas, además del diputado del PRO Álvaro González. En una cámara donde nadie regala nada, la sesión terminó con el Gobierno de pie.

Lo que cambia

El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, introduce cambios en tres frentes:

• Desalojos: procedimientos judiciales sumarísimos para recuperar inmuebles ocupados, con un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad.
• Expropiaciones: condiciones más exigentes para que el Estado se quede con propiedades privadas.
• Registro de la Propiedad Inmueble: modernización de su funcionamiento.

Una concesión que hay que contar

Hay un dato que no se puede ocultar, y es una muestra de seriedad periodística. Para juntar los votos, el oficialismo aceptó modificar el texto y restituir la Ley de Tierras Rurales de 2011. Esto deroga el artículo 154 del DNU 70/23 y vuelve a poner el límite del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros. La decisión, según Parlamentario, estuvo motivada en fallos de la Corte Suprema.

Es un costo político y es mejor decirlo: el Gobierno cedió en un punto sensible para sacar el resto de la reforma. Pero con una lógica clara: mejor una ley que protege al propietario que un proyecto trabado.

El debate

Durante la sesión, las posiciones estuvieron enfrentadas. Una diputada libertaria sostuvo que la propiedad privada es «un derecho absoluto de todos los argentinos» y que con esta ley se le ponen límites «al Estado expropiador». Desde la oposición, hubo críticas fuertes. El diputado Nicolás del Caño habló de una «ilegitimidad absoluta» por la movilización multitudinaria del 6 de agosto. Y desde el recinto se recordó que el artículo 17 de la Constitución ya establece que la propiedad es inviolable.

Lo que falta

Todavía no es ley. Como Diputados modificó el texto que venía del Senado, el proyecto tiene que volver a la Cámara alta, que deberá aceptar o rechazar los cambios. Allí ya tuvo un trámite complicado, con casi una veintena de modificaciones y postergaciones en el recinto, y se eliminó un capítulo sobre el uso de tierras después de incendios.

La lectura de fondo

El oficialismo entiende que sin propiedad privada no hay inversión, y sin inversión no hay trabajo. Es una lógica que ya se ve en sectores como Vaca Muerta, donde la previsibilidad jurídica atrajo capitales récord. La ley de inviolabilidad apunta a extender esa certeza a cada propietario, productor y emprendedor.