La Justicia hizo lugar al planteo de Capital Humano y dejó provisoriamente sin efecto la sanción de $100.000 diarios contra Diego Santilli. El Gobierno sostiene que ya actualizó los salarios por encima de la inflación del período. La cuestión de fondo todavía deberá resolverse.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves un respiro judicial en medio de la disputa por el financiamiento de las universidades nacionales.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y suspendió provisoriamente las multas que el juez Martín Cormick había impuesto contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La sanción ascendía inicialmente a $100.000 por cada día de presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización salarial de docentes y no docentes y con la recomposición de becas universitarias.

Duró apenas un día.

Capital Humano recurrió la decisión y la Cámara ordenó que la apelación tramite con efecto suspensivo, por lo que las astreintes quedaron congeladas hasta que se resuelva el planteo.

La Cámara puso un freno a las sanciones

La decisión fue adoptada por los camaristas Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.

El tribunal hizo lugar al recurso del Gobierno contra la resolución de Cormick que había considerado incumplida la cautelar y había abierto la puerta a aplicar sanciones económicas contra funcionarios nacionales.

Sin embargo, el fallo tiene un límite importante.

La Cámara aclaró expresamente que su decisión no implica adelantar opinión sobre si el Gobierno cumplió o no con la medida cautelar. Esa discusión continúa abierta.

Por eso, no puede afirmarse todavía que el Ejecutivo haya ganado definitivamente la pelea judicial.

Sí consiguió frenar las multas mientras el tribunal revisa la actuación de primera instancia.

El Gobierno dice que ya cumplió

El planteo de Capital Humano parte de una discusión numérica.

Según el Ejecutivo, los aumentos salariales otorgados desde diciembre de 2023 representan una mejora acumulada del 226,80%, ligeramente superior al 226,40% que, según su interpretación, correspondería para compensar la inflación del período tomado como referencia. Dentro de ese cálculo, Nación incluyó un incremento del 21,33% dispuesto en junio de 2026. i

Con ese argumento, los abogados del Estado sostuvieron que la cautelar ya había sido cumplida y cuestionaron que se aplicaran sanciones económicas mientras todavía existe una controversia sobre qué montos corresponden efectivamente.

Cormick había llegado a una conclusión diferente.

El juez consideró que el Ejecutivo no había acreditado correctamente el cumplimiento de los parámetros salariales y presupuestarios exigidos y decidió imponer las multas.

Ahora será la Cámara la que deberá revisar ese conflicto.

Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario

La disputa se origina en la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025.

La norma establece mecanismos de actualización para gastos de funcionamiento universitario, salarios de docentes y no docentes y programas de becas, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

En materia salarial, la ley ordenó que los haberes recuperaran la evolución del IPC correspondiente al período establecido y que posteriormente continuaran actualizándose.

El Gobierno había vetado inicialmente la norma, pero el Congreso insistió con los dos tercios y terminó convirtiéndola definitivamente en ley. Luego, Milei la promulgó mediante el Decreto 759/2025, haciendo referencia a las reglas de financiamiento previstas en la Ley 24.629.

Ese mecanismo terminó judicializado.

La cautelar sigue vigente

Este punto es central.

La decisión conocida este jueves no eliminó la cautelar original.

Infobae precisó después de actualizar su información que la medida que ordena adecuar salarios y becas continúa vigente mientras se discute el expediente principal. Lo que quedó suspendido provisoriamente es el régimen de multas destinado a forzar su cumplimiento.

Otros medios que accedieron al fallo hicieron la misma precisión: la Cámara frenó las astreintes, no anuló la obligación judicial original.

Eso significa que la pulseada está lejos de haber terminado.

La decisión llegó en plena Marcha Universitaria

El fallo se conoció además durante una jornada políticamente cargada.

Este jueves se desarrolló la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por universidades, gremios y organizaciones estudiantiles para reclamar la aplicación de la ley y una recomposición salarial.

La multa a Santilli había sido dictada apenas un día antes de la movilización.

Con la resolución de Cámara, el escenario cambió en cuestión de horas: el funcionario dejó de acumular por ahora $100.000 diarios en sanciones, y el Gobierno consiguió que un tribunal superior revise el criterio aplicado en primera instancia.

Una pelea jurídica, política y presupuestaria

El conflicto universitario ya lleva más de un año atravesando al Gobierno.

Las universidades sostienen que las partidas y salarios continúan retrasados y reclaman el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento.

El Ejecutivo responde que los aumentos otorgados permiten considerar cumplida parte central de la actualización y que no puede imponerse gasto público sin una determinación presupuestaria precisa.

La discusión expresa además dos concepciones distintas sobre el manejo de las cuentas públicas.

Milei insiste en que ninguna política sectorial puede romper el equilibrio fiscal, mientras el sistema universitario reclama que la actualización establecida por el Congreso debe ejecutarse.

Este jueves, la Cámara no resolvió cuál de las partes tiene razón sobre el fondo.

Pero sí tomó una decisión concreta: frenó las multas contra el Gobierno y obligó a revisar el procedimiento utilizado para aplicarlas.

La batalla por el financiamiento universitario continúa.

Por ahora, el contador de $100.000 diarios quedó detenido.