El gobierno de Javier Milei presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) una solicitud formal de medidas provisionales para detener el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. El ultimátum de dos semanas había vencido el lunes. Londres lo ignoró. Argentina no se quedó de brazos cruzados.

Dos semanas. Ese fue el plazo que Argentina le dio al Reino Unido el 28 de septiembre. Paren el proyecto Sea Lion o enfrentan el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Londres recibió la notificación, rechazó los argumentos argentinos y siguió adelante. El lunes 12 de octubre, el ultimátum venció.

El martes 13, Argentina formalizó el paso siguiente.

El gobierno de Javier Milei presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, una solicitud de medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. La presentación fue anunciada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente.

«La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte», informó la Presidencia.

Los cuatro pedidos que Argentina le hace al Tribunal

El canciller Pablo Quirno publicó los detalles de los cuatro requerimientos en su cuenta de X. La estrategia argentina es tan técnica como precisa:

El primer pedido apunta directamente a detener el proyecto Sea Lion: que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental a través de ese desarrollo específico.

El segundo bloquea el uso de la información: que el Reino Unido se abstenga de utilizar los datos geológicos y técnicos obtenidos durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos. El conocimiento del subsuelo no puede usarse para extraer recursos que Argentina considera propios mientras la controversia sigue abierta.

El tercero introduce la dimensión ambiental: que el Reino Unido cese de impedir a Argentina cumplir con sus obligaciones de protección del medio marino bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR. El argumento vincula el derecho ambiental internacional con el litigio de soberanía.

El cuarto cierra el circuito: que el Reino Unido se abstenga de adoptar cualquier otra medida que agrave la controversia, especialmente el otorgamiento de nuevos permisos de explotación en el área disputada.

No son cuatro pedidos simbólicos. Son cuatro restricciones concretas que, si el Tribunal las ordena, pueden paralizar Sea Lion antes de que empiece a perforar en serio.

El proyecto que Argentina quiere detener

Sea Lion está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Sus operadoras son la israelí Navitas Petroleum (65%, operadora) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010. En 2025 tomaron la decisión final de inversión. El plan: once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, perforaciones de desarrollo en 2027 y producción comercial prevista para el primer trimestre de 2028.

El dato que le da urgencia a todo: el petróleo es no renovable. Si se extrae, no vuelve. Un fallo favorable de un tribunal arbitral en 2030 no puede devolver el crudo que ya fue bombeado. Por eso Argentina necesita la medida provisional ahora.

Y ya hay una señal concreta de que la estrategia genera efectos: Halliburton confirmó que sus filiales se abstendrán de prestar servicios para Sea Lion. Un retiro de uno de los mayores proveedores de servicios petroleros del mundo no es menor. Navitas reconoció que está trabajando para reemplazar a dos contratistas, aunque insistió en que los planes no tendrán impacto material adverso.

El equipo legal detrás de la jugada

La conducción diplomática es del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Pablo Quirno. La estrategia jurídica fue construida por la Secretaría de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal —a quien Milei definió como «el cerebro» jurídico de la administración libertaria—, con el apoyo de la Consejería Legal Internacional de Cancillería (embajador Mario Oyarzábal) y la Procuración del Tesoro (Sebastián Amerio).

El antecedente que da esperanza

Argentina ya ganó una vez ante este mismo mecanismo. En 2012, la Fragata ARA Libertad fue retenida en Ghana por una acción de acreedores de la deuda. El gobierno de Cristina Kirchner presentó una solicitud de medidas provisionales al ITLOS el 14 de noviembre. El 15 de diciembre, el Tribunal ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque. Un mes entre el pedido y la resolución.

Hay también un precedente específicamente petrolero: en 2015, el Tribunal ordenó medidas provisionales en la controversia Ghana-Costa de Marfil sobre perforaciones en un área marina en disputa. El Tribunal prohibió nuevas perforaciones mientras se sustanciaba el caso.

Ambos antecedentes son favorables para Argentina. La arquitectura procesal es comparable. El argumento de urgencia por la irreversibilidad del recurso es sólido.

La primera decisión del Tribunal podría conocerse durante noviembre. Las perforaciones de desarrollo de Sea Lion están planificadas para 2027. Si Argentina obtiene la medida provisional, el saqueo se detiene antes de que empiece.

El Gobierno lo dijo en el comunicado con la frase que cierra todo: «La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.»

Esta vez con abogados. Y con chances.