La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén investiga a integrantes del Polo Obrero y del FOL por haber desviado más de $1.200 millones de pesos que el gobierno provincial destinó a capacitación laboral para desocupados. En lugar de dar los cursos, los fondos terminaron en sueldos de dirigentes, terrenos en San Martín y Junín de los Andes y camionetas. Ahora amenazan a la Justicia para no ir presos.
DESARROLLO
La frase podría ser el título de un libro de política argentina: «Son cuatro gatos locos, pero se robaron $1.208 millones.» No es la descripción de un cartel narco ni de una banda organizada. Es el resumen de lo que la Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén encontró al investigar la Cooperativa Viento Sur, la herramienta mediante la cual el Polo Obrero y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) recibieron fondos del Estado provincial que nunca llegaron a quienes debían llegar.
El acuerdo que nació para comprar la paz social
El origen de la historia tiene la lógica que define a la casta de cualquier color: gastar plata pública para solucionar un problema político inmediato sin importar qué pasa con el dinero después.
En 2021, el gobierno del entonces gobernador neuquino Omar Gutiérrez (MPN) firmó un acta acuerdo con el FOL, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán, la CTEP y otras organizaciones de izquierda para descomprimir los cortes de ruta que venían protagonizando. El precio de la «paz social» fue la creación de un programa de capacitación laboral: el «Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil», instrumentado mediante el Decreto 1672/22.
La vía de ejecución fue la cooperativa Viento Sur, vinculada a esas organizaciones. El convenio establecía que Viento Sur recibiría fondos provinciales para financiar cursos de oficios destinados a los desocupados que integraban los movimientos. Los fondos llegaron puntualmente, mes a mes. Lo que no llegó fueron los cursos.
Lo que hicieron con el dinero
La Fiscalía, conducida por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, determinó con precisión lo que sí ocurrió con los $1.183 millones de pesos —aproximadamente $1.208 millones al cierre de la investigación— que el Estado provincial depositó en las cuentas de Viento Sur:
Se compraron terrenos en San Martín de los Andes y en Junín de los Andes. Se adquirieron camionetas. Se realizaron transferencias a dirigentes y referentes de las organizaciones bajo el concepto de «excedentes» — es decir, distribuciones de dinero que no tenían ninguna vinculación con capacitación laboral. Se pagaron salarios y subsidios a miembros de la cooperativa sin contraprestación relacionada con los cursos que habían sido contratados.
Nadie fue a ningún curso. Nadie se insertó en ningún mercado laboral. Los fondos para los más vulnerables financiaron las estructuras de las organizaciones que decían representarlos.
Los nombres en la mira
La Fiscalía formuló cargos por defraudación al Estado contra seis imputados. Entre ellos figura Diego Mauro, referente y vocero del FOL, quien también aparecía como la persona autorizada a manejar los vehículos y las cuentas bancarias de la cooperativa. Al momento de los allanamientos, las autoridades no lograban dar con su paradero. También está imputada Gabriela Suppicich, exdiputada provincial de FIT-U y militante del Polo Obrero, a cuya cuenta personal la Fiscalía de Estado detectó transferencias provenientes de Viento Sur. El concejal de la ciudad de Neuquén Federico Sánchez, también del Polo Obrero, completa el listado de referentes identificados en la causa.
El 12 de julio de 2024, la Fiscalía realizó un megaoperativo con 14 allanamientos simultáneos en locales, domicilios y vehículos vinculados a las organizaciones. Se embargaron tres inmuebles, cuentas bancarias y los vehículos adquiridos con fondos públicos.
La reacción: amenazar a la Justicia
El dato que terminó de confirmar el calibre ético de esta historia llegó después. Según publicó el portal @agarralapalanqn, cuando la causa avanzó y la posibilidad de ir a juicio oral se volvió concreta, las organizaciones respondieron con lo que suelen responder cuando la Justicia los alcanza: movilizaciones frente a la Ciudad Judicial, denuncias de «persecución política» y presión sobre los magistrados para que no avancen.
«Los zurdos amenazan a la Justicia para intentar zafar de la cárcel», resumió el portal, sin eufemismos.
Las organizaciones que recortaron los fondos destinados a desocupados neuquinos para comprarse terrenos en la Cordillera ahora dicen que son víctimas del sistema. El mismo sistema al que le pidieron dinero. El mismo dinero que no rindieron.
La plata destinada a quienes necesitan una oportunidad terminó financiando estructuras partidarias. Eso no tiene otro nombre. Y la Justicia neuquina está empezando a ponerle el correcto.
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