El Ministerio de Economía abrió hoy las ofertas económicas por AySA, la empresa de agua y saneamiento que sirve a 14 millones de personas en CABA y 26 distritos del Gran Buenos Aires. Dos consorcios internacionales compiten por la concesión a 30 años. El ganador deberá invertir USD 2.000 millones en los primeros cinco años — lo que el Estado kirchnerista no hizo en dos décadas de administración política del servicio.

En 2006, Néstor Kirchner estatizó Aguas Argentinas. El argumento fue el de siempre: el agua es un derecho, no puede quedar en manos privadas, el Estado la va a gestionar mejor. Lo que siguió fue exactamente lo contrario.

Veinte años después, AySA acumula un déficit de inversión estructural que afecta a millones de usuarios. La cobertura no creció al ritmo de la expansión del conurbano bonaerense. Los colectores cloacales se saturaron. La calidad del agua potable generó alertas en varios distritos. El presupuesto se destinó en gran medida a mantener una planta de personal con lógica política antes que operativa. El agua como derecho terminó siendo el agua como excusa para no rendir cuentas.

Hoy, 8 de octubre de 2026, el Ministerio de Economía abrió las ofertas económicas de los dos consorcios finalistas que compiten por la concesión de AySA. Es la recta final de un proceso que arrancó con la Ley Bases, se formalizó con el Decreto 494/2025 y se aceleró en los últimos meses con la habilitación de los pliegos y la evaluación técnica de los oferentes.

Los números del negocio que el Estado nunca hizo

El esquema de privatización define una concesión a 30 años — prorrogable por diez más — por la cual el Estado cede el 90% de las acciones de AySA. Al menos el 51% debe quedar en manos de un operador estratégico. El gobierno proyecta recibir alrededor de USD 340 millones por la transacción.

Pero la cifra más relevante no es la del precio de venta. Es la del compromiso de inversión que asume el concesionario: USD 1.940 millones en los primeros cinco años y USD 2.030 millones en el segundo quinquenio, con un total de USD 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.

En los veinte años en que AySA fue administrada por el Estado kirchnerista, el nivel de inversión en infraestructura fue una fracción de lo que el contrato privado compromete para solo el primer período. «Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento», resumió el ministro Luis Caputo al lanzar el proceso de licitación.

Quiénes compiten

Dos consorcios llegaron a la fase económica final, habilitados mediante la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 6 de octubre en el Boletín Oficial. Uno de los grupos incluye a PHX, un fondo de inversión con sede en los Países Bajos, junto a socios locales e internacionales con experiencia en gestión de agua. El pliego establece condiciones estrictas de calidad del servicio, expansión de la red y estándares técnicos que el Estado nunca pudo — ni intentó — cumplir con la misma consistencia.

La historia que se repite bien

No es la primera vez que AySA pasa por manos privadas. Antes de la estatización kirchnerista fue Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez junto a socios argentinos, que gestionó el servicio desde 1993. En ese período se expandió la red cloacal y se realizaron inversiones de infraestructura que mejoraron la cobertura en el conurbano. Kirchner la estatizó argumentando incumplimientos contractuales. Lo que vino después fue lo que ya se describió.

La privatización de AySA es parte de una ola más amplia de desinversión estatal que el gobierno de Milei viene ejecutando: las líneas de Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza, Transener, los corredores viales, Toyota con RIGI. El gobierno proyecta recaudar US$2.000 millones en privatizaciones antes de que finalice 2026.

El argumento del kirchnerismo fue siempre que el Estado cuida mejor los servicios esenciales que el mercado. La realidad de AySA es la respuesta más concreta a ese argumento. Catorce millones de personas esperando que el nuevo operador privado haga en cinco años lo que el Estado no hizo en veinte.