El Gobierno intimó formalmente a Londres para que detenga las operaciones del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 14 días no hay respuesta, Argentina activará la vía judicial internacional ante el Tribunal del Derecho del Mar de la ONU. Como si fuera poco, también detectó vuelos no autorizados de una empresa británica sobre las islas y ordenó denuncias penales.

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Argentina terminó de hablar. Ahora actúa.

El Gobierno de Javier Milei dio este lunes un paso concreto en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas al intimar formalmente al Reino Unido a detener toda actividad vinculada a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El plazo es de dos semanas. Si Londres no responde, la Argentina llevará el caso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que preserven sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.

La decisión fue comunicada mediante un documento firmado por el propio presidente y difundido desde la Oficina de la Presidencia. El blanco principal es el proyecto Sea Lion, una iniciativa de exploración y explotación de hidrocarburos que el Ejecutivo considera ilegítima por tratarse de una acción unilateral del Reino Unido sobre territorios y espacios marítimos en disputa.

«Es por el saqueo de nuestros recursos», resumió el canciller Pablo Quirno sin dar lugar a ambigüedades.

El fundamento jurídico de la posición argentina son dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. La primera, la histórica Resolución 2065 (XX), que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y los insta a negociarla pacíficamente. La segunda, la Resolución 31/49, que prohíbe expresamente a las partes adoptar medidas unilaterales que modifiquen el statu quo mientras el proceso de diálogo esté vigente. El argumento es tan sencillo como poderoso: lo que el Reino Unido está haciendo en el Mar Argentino viola el derecho internacional que él mismo ayudó a construir.

Si Londres no mueve un dedo en dos semanas, Argentina activará el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y pedirá al Tribunal que intervenga de forma urgente.

Pero la intimación no fue lo único. En el mismo documento, la Presidencia denunció que la empresa Thales UK Limited fue sorprendida operando vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica, sin autorización de las autoridades argentinas. La respuesta del Gobierno fue inmediata: instrucción urgente para iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales.

A eso se sumó un rechazo explícito a la caracterización de las islas como «Territorio Británico de Ultramar» por parte del Reino Unido, formulada días después del discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU. El Gobierno dejó en claro que esa denominación, al igual que el referéndum de 2013, no modifica en nada la existencia de la disputa de soberanía que el propio sistema internacional reconoció.

El cierre del documento presidencial no necesita traducción: «Las Malvinas son argentinas».

Décadas de gobiernos que le esquivaron el bulto a este tema dejaron que el Reino Unido avanzara palmo a palmo. Ahora hay un Gobierno que usa las herramientas jurídicas internacionales disponibles, pone plazos y firma con nombre y apellido. Lo que pase en las próximas dos semanas marcará el siguiente capítulo.