Una denuncia por violencia de género contra el intendente de Vista Alegre y presidente del PJ neuquino abrió al mismo tiempo tres frentes sin resolver: el judicial, el partidario y el municipal. Nueve días después de que el episodio tomó estado público, el peronismo provincial no logró cerrar ninguno. Y mientras tanto, se fracturó.

Lo que comenzó como una denuncia penal terminó siendo el detonador que el peronismo neuquino no esperaba.

José Carlos «Turco» Asaad, intendente de Vista Alegre, tiene dos funciones que hasta la semana pasada convivían sin fricciones visibles: es el jefe comunal de un municipio de cuatro mil habitantes ubicado a 25 kilómetros de la capital provincial, y es el presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén. El 20 de septiembre, su expareja lo denunció penalmente por violencia de género. La investigación avanza en la fiscalía, que ya dispuso una pericia forense y le impuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Asaad negó los hechos en redes sociales y anunció que sostendrá su defensa tanto en el plano judicial como en el político.

Lo que vino después expuso algo que el PJ venía disimulando: que no tenía conducción unificada, no tenía mecanismos ágiles para resolver una crisis y no tenía, tampoco, un relato común sobre qué hacer cuando uno de los suyos cae bajo ese tipo de acusación.

Dos reuniones, dos sucesores, ningún acuerdo

La primera señal de fractura llegó apenas la denuncia tomó estado público. La vicepresidenta primera del PJ, Anahí Valdez, convocó una reunión de urgencia con integrantes del Consejo Provincial. El encuentro no pudo celebrarse en la sede partidaria de la calle Roca 265: las cerraduras habían sido cambiadas. El grupo tuvo que reunirse en la vereda. Desde allí, Valdez y otros ocho dirigentes —entre ellos Luis Miguel Lucero, Florencio Héctor Pérez, Sandra Luengo, Juan Linares, Jorge Cano, Sergio Leiva y Ángela Ortiz— resolvieron pedir a Asaad que haga uso de una licencia preventiva inmediata, con el argumento de que la Carta Orgánica le otorga a ella, como vicepresidenta primera, la responsabilidad de asumir la conducción interina.

Al día siguiente, los diez integrantes restantes del Consejo —alineados con el Peronismo Territorial y más cercanos al gobernador Rolando Figueroa— convocaron su propia reunión paralela. Votaron por unanimidad la suspensión preventiva de Asaad y resolvieron que el sucesor debía ser Lucas Riquelme, vicepresidente segundo del partido y referente del espacio en Plottier. «Yo tengo mi propia legitimidad como vicepresidente segundo y como presidente de la segunda ciudad de la provincia», dijo Riquelme, y cuestionó la legitimidad de la reunión convocada por Valdez, señalando que ella se alió políticamente con el sector de Oscar Parrilli —que perdió las últimas elecciones internas— durante la definición de autoridades en el Congreso partidario.

Valdez no se quedó callada. Calificó la maniobra de «golpe institucional», invocó la Carta Orgánica y los precedentes de Darío Martínez en 2017 y María Elena Palladino en 2025, y deslizó que su desplazamiento responde a motivaciones que van más allá de lo institucional: «Porque soy mujer, porque no le cierro en los negocios a ellos», afirmó, anticipando que llevaría el caso a la Justicia.

El resultado práctico: el PJ neuquino tiene dos sectores que se atribuyen la conducción, dos comunicados con resoluciones contradictorias y ninguno con autoridad suficiente para imponer una decisión al otro. Mientras tanto, Asaad sigue en su cargo y no ha dado señales de ceder.

La presión que tampoco alcanzó

Incluso el gobernador Rolando Figueroa, quien en 2023 respaldó la candidatura de Asaad bajo el sello Comunidad, tomó distancia. «Si las cosas son como dice la denuncia, tiene que renunciar», declaró públicamente. Sus propios sectores territoriales en el Consejo Local del PJ se expresaron en el mismo sentido, pidiendo formalmente la aplicación de la licencia preventiva y que asuma Valdez conforme a la Carta Orgánica. La presión vino desde arriba y desde la base. Asaad no se movió.

Vista Alegre: el expediente que también se trabó

El caso tampoco se resolvió en el plano municipal. Cuatro concejales presentaron una nota en el Concejo Deliberante de Vista Alegre pidiendo que se abra el proceso de suspensión y eventual remoción de Asaad por «inhabilidad moral». Pero antes de que la discusión llegara a una votación formal, uno de los cuatro firmantes —el concejal Antonio «Beco» Osés, de la lista Juntos por la Vida— solicitó retirar su firma. No dio explicaciones públicas. La concejala Marisel Muñoz reconoció que se enteraron «de sorpresa». El planteo quedó con tres apoyos, insuficientes: para suspender a un intendente en un municipio sin Carta Orgánica como Vista Alegre, la Ley 53 exige que la transgresión sea calificada de «grave» y que el Concejo reúna al menos cinco votos sobre siete.

El expediente fue derivado a la Comisión de Legales. La próxima semana, el dictamen de la asesora jurídica determinará qué procedimiento corresponde aplicar. Recién entonces podrá convocarse una sesión que permita avanzar hacia una definición.

Tres frentes simultáneos. Nueve días. Ninguna resolución. Y un partido que, mientras trata de resolver qué hacer con su presidente, dejó en evidencia que tampoco sabe muy bien quién manda.