El Senado aprobó con 38 votos a favor y 8 en contra la reforma del régimen de Zonas Frías, que corrige la expansión artificial de 2021 y vuelve al criterio geográfico original: Patagonia, Malargüe y la Puna. Quienes acrediten vulnerabilidad económica seguirán teniendo el subsidio garantizado.

Durante años, el «régimen de Zonas Frías» dejó de tener mucho que ver con el frío. En 2021, en plena carrera electoral, el kirchnerismo estiró el beneficio a ciudades y departamentos que nada tenían que envidiarle en clima a buena parte del país, transformando un subsidio pensado para la Patagonia y la Puna en una herramienta de reparto político sin ningún criterio técnico real. Esta semana, el Senado le puso fin a esa distorsión.

Con 38 votos a favor y 8 en contra, la Cámara alta aprobó la reforma que devuelve al régimen su lógica original: geografía real, no cálculo electoral. El bloque de Fuerza Patria, en lugar de dar la cara y votar en contra, prefirió retirarse del recinto al comienzo de la discusión, sumando 26 ausencias a último momento. Cuando hay que explicarle a la gente por qué Rosario o Mendoza Capital eran, en el papel, tan frías como Ushuaia, la casta prefiere no estar presente.

Vuelve el criterio real: Patagonia, Malargüe y la Puna

El nuevo esquema concentra la cobertura automática en las regiones que efectivamente justifican el beneficio por sus condiciones climáticas: la Patagonia, Malargüe en Mendoza, y la Puna. Quedan afuera del régimen general áreas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán, que habían sido incorporadas artificialmente con la ampliación de 2021.

El caso de Buenos Aires es el más elocuente: 94 municipios quedarán fuera del régimen general, entre ellos Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Pilar, Junín y decenas más. Solo Patagones conservará el beneficio automático, por pertenecer formalmente a la Patagonia. San Luis, por su parte, queda completamente fuera del área considerada Zona Fría.

La red de protección sigue intacta para quien la necesita

Acá está el punto clave que separa esta reforma de un simple ajuste a lo bruto: salir del régimen general no significa quedarse sin ayuda. Los hogares de las zonas excluidas van a poder seguir accediendo al subsidio si acreditan vulnerabilidad socioeconómica, con un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales —según el dato de agosto del INDEC, eso representa hasta $4.816.491 para una familia tipo de dos adultos y dos menores—.

Además, tendrán acceso directo y automático los hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP y los veteranos de Malvinas, mientras que los casos con integrantes con Certificado Único de Discapacidad serán evaluados puntualmente por la Secretaría de Energía. En criollo: el subsidio deja de ser un beneficio geográfico indiscriminado y pasa a estar donde tiene que estar, con la gente que realmente lo necesita, no repartido a discreción según el mapa electoral de turno.

Un ajuste técnico al alcance del descuento

La reforma también modificó cómo se aplica el beneficio para quienes permanecen dentro del régimen: el subsidio recaerá exclusivamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), mientras que el Valor Agregado de Distribución, el transporte troncal y la carga impositiva dejarán de estar cubiertos. Un esquema más preciso, que termina de alinear el beneficio con su objetivo original: aliviar el frío real, no financiar el curro de cualquiera.