El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II impulsado por el Gobierno de Milei, con 44 votos a favor. La norma amplía el Régimen Simplificado de Ganancias, redefine los criterios de «discrepancia significativa» con ARCA y pone fecha límite al beneficio: el último día del mandato presidencial.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, consolidando un contundente triunfo político y parlamentario para la gestión de Javier Milei. Tras varias semanas de debate en la Cámara Alta, el oficialismo se impuso con una sólida mayoría de 44 votos afirmativos, con el respaldo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto al PRO, la UCR y una decena de bancadas provinciales aliadas. Esta sanción histórica reemplaza a la primera versión de la norma a solo ocho meses de su aprobación inicial.

El miembro informante libertario, el senador Bruno Olivera, sintetizó el espíritu de la reforma: «Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto». Una definición que resume, en una sola frase, el cambio de paradigma que impulsa el Gobierno: del Estado que sospecha de todos, al Estado que confía en quien cumple.

La ley introduce cambios concretos que apuntan a simplificar la carga tributaria y blindar la seguridad jurídica de los contribuyentes. Amplía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), del que hasta ahora quedaban excluidos quienes registraran ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio mayor a diez mil millones en alguno de los últimos tres años. También redefine el concepto de «discrepancia significativa» con ARCA: las diferencias del 15% o más, pero que no superen los cinco millones de pesos, dejarán de considerarse una divergencia relevante, eliminando una distorsión que exponía a inspecciones a contribuyentes por montos menores.

La norma fija además una fecha límite —el 31 de diciembre de 2027, último día del mandato presidencial— para acceder a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, con el objetivo declarado de incentivar a la mayor cantidad de contribuyentes a regularizar sus activos dentro del período de esta gestión.

El kirchnerismo, previsible, votó en contra: 23 senadores del bloque peronista rechazaron la iniciativa. El jefe de esa bancada, José Mayans, argumentó que la ley «se engancha con el programa económico que afecta a trabajadores, jubilados y pensionados». Un argumento que suena a libreto repetido, viniendo de un espacio que gobernó con la presión tributaria más alta de la historia reciente y que ahora se opone a que el Estado deje de perseguir al que produce.

Otros senadores opositores como Jorge Capitanich y Adán Bahl cuestionaron el proceso de tratamiento en comisiones y el impacto en la masa coparticipable, mientras que el senador Fernando Salino propuso, sin éxito, restringir el beneficio a personas no políticamente expuestas. El oficialismo desestimó las modificaciones y aprobó el texto integral, tanto en general como en particular.

La misma jornada, el Senado también ratificó el traspaso de la Justicia de Menores de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, aprobado con 44 votos a favor y 21 en contra. La medida unifica bajo una sola jurisdicción la investigación y juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años en el territorio porteño. Dos leyes, un mismo día, y una sola dirección: menos aparato burocrático, más orden institucional.