Y reglamentó el procedimiento mediante el cual los extranjeros que no tengan residencia permanente deberán pagar la atención sanitaria habitual en los establecimientos administrados por el Estado Nacional.

La medida fue establecida por el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, a través de la Resolución 1066/2026, publicada este martes 11 de agosto en el Boletín Oficial. La normativa comenzará a regir el miércoles 12 de agosto.

El nuevo procedimiento establece dos modalidades. Los extranjeros no residentes que cuenten con un seguro de salud podrán recibir atención y el establecimiento gestionará el recupero del costo ante la aseguradora. Quienes no dispongan de cobertura deberán abonar previamente la prestación sanitaria habitual.

La reglamentación pone en práctica uno de los puntos centrales del DNU 366/2025, impulsado por el Gobierno de Milei para modificar el régimen migratorio. Esa norma estableció que los extranjeros con residencia permanente conservan el acceso al sistema público nacional en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.

LAS EMERGENCIAS SEGUIRÁN GARANTIZADAS

La disposición mantiene una excepción clave: ninguna emergencia médica podrá ser rechazada o demorada por la situación migratoria del paciente. La atención continuará garantizada cuando exista riesgo inmediato para la vida o las funciones vitales. Una vez superada la emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser cobradas al paciente o a su aseguradora.

El objetivo del nuevo procedimiento es unificar el mecanismo utilizado por los hospitales nacionales y establecer circuitos concretos para recuperar los costos derivados de la atención a personas extranjeras sin residencia permanente.

Al fundamentar originalmente la reforma migratoria, el Gobierno informó que durante 2024 las consultas de extranjeros en hospitales nacionales representaron aproximadamente $42.000 millones, mientras que los egresos hospitalarios implicaron otros $72.000 millones. El Ejecutivo sostiene que el esquema busca mejorar la utilización de los recursos del sistema sanitario sin restringir la atención ante situaciones de emergencia.

La reglamentación constituye así un nuevo avance en una de las políticas migratorias impulsadas por la administración Milei, que busca diferenciar el acceso pleno de los residentes permanentes del uso de servicios públicos por parte de extranjeros que permanecen de manera transitoria en el país.