La reforma del Banco Central comenzará a debatirse en Diputados. El proyecto busca preservar el valor de la moneda, impedir la asistencia directa al Tesoro y darle mayor independencia a la autoridad monetaria.

El Gobierno nacional dará esta semana un nuevo paso en su agenda de reformas estructurales. El proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para modificar la Carta Orgánica del Banco Central comenzará a debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo.

La discusión se iniciará en un plenario conjunto de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa propone que el Banco Central vuelva a tener como mandato principal la defensa del valor de la moneda y prohíbe expresamente el financiamiento del déficit público mediante emisión monetaria.

Entre los cambios centrales se encuentran la eliminación de los adelantos transitorios al Tesoro, las restricciones a los préstamos dirigidos a las provincias y la prohibición de utilizar letras intransferibles como mecanismo de asistencia al Estado. Las transferencias de utilidades, además, quedarían limitadas a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El texto también busca fortalecer la independencia institucional del Banco Central. Para remover a su presidente o a los integrantes del directorio sería necesaria la aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios, reduciendo la posibilidad de que cada cambio de gobierno altere la conducción monetaria por razones políticas.

Para el oficialismo, la reforma representa una herramienta destinada a impedir que futuros gobiernos vuelvan a financiar el gasto público con emisión sin respaldo. El objetivo es que la estabilidad monetaria deje de depender únicamente de la voluntad del gobierno de turno y quede protegida mediante una legislación permanente.

Con esta iniciativa, Milei busca convertir uno de los principales pilares de su programa económico —el equilibrio fiscal y la emisión cero— en una política de Estado. La discusión en el Congreso será una de las principales batallas legislativas del Gobierno durante el segundo semestre.