El oficialismo intenta reunir el quórum necesario para debatir una reforma que modifica las reglas sobre compra de tierras, ocupaciones de inmuebles y designaciones judiciales.
La Libertad Avanza busca mantener activa su agenda legislativa y reunir el quórum necesario para que el Senado trate el proyecto de Propiedad Privada, una iniciativa que el Gobierno considera relevante para fortalecer la seguridad jurídica y actualizar las normas relacionadas con el dominio de inmuebles.
La sesión prevista para este jueves quedó condicionada por la ausencia anunciada de varios integrantes de bloques dialoguistas. Al menos tres senadores radicales, representantes de Provincias Unidas y legisladores de Santa Cruz anticiparon que no participarían, lo que complicó la posibilidad de alcanzar el número requerido para abrir el debate.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación, propone eliminar restricciones generales para la compra de tierras por parte de inversores extranjeros, aunque mantiene controles para situaciones consideradas estratégicas.
Las provincias conservarán jurisdicción sobre sus territorios y deberán intervenir en la autorización de determinadas operaciones. La adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera seguirá condicionada a la aprobación provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.
En las zonas de frontera también se requerirán autorizaciones del Gobierno nacional y de las provincias. De esta manera, el oficialismo busca combinar la apertura a la inversión privada con mecanismos de protección sobre áreas sensibles para la soberanía y la seguridad nacional.
La iniciativa también incorpora cambios en los procedimientos de desalojo. Los mecanismos abreviados estarán limitados a inmuebles usurpados o situaciones de tenencia precaria, y los propietarios deberán demostrar documentalmente sus derechos antes de solicitar la restitución.
En los casos donde existan menores o personas en situación de vulnerabilidad, los jueces deberán dar intervención a los organismos locales de protección y al Ministerio Público Tutelar para garantizar una alternativa habitacional transitoria.
El temario incluye además una serie de pliegos judiciales, entre ellos la continuidad del camarista Víctor Pesino. Con las designaciones realizadas durante los últimos meses, el oficialismo logró cubrir 110 de las aproximadamente 300 vacantes existentes en la Justicia.
Para el Gobierno, el proyecto forma parte de una agenda orientada a reforzar el derecho de propiedad, reducir incertidumbres regulatorias y ofrecer reglas más previsibles para propietarios e inversores. El principal desafío inmediato será conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para habilitar la sesión.
Fuente de la información: Agencia Noticias Argentinas.
Fuente de imagen sugerida: Agencia Noticias Argentinas / Claudio Fanchi.






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