La negociación por los fondos universitarios terminó sin avances luego de que las autoridades académicas rechazaran una propuesta que incluía condiciones vinculadas a la transparencia y el control de los recursos.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo este lunes tras el fracaso de una reunión que buscaba acercar posiciones sobre el financiamiento del sistema universitario.

Desde la administración de Javier Milei sostienen que cualquier actualización presupuestaria debe ir acompañada de mecanismos que permitan conocer con precisión el destino de los fondos públicos. Según trascendió, uno de los puntos de mayor tensión estuvo relacionado con la continuidad de acciones judiciales impulsadas por sectores universitarios mientras se desarrollaban las negociaciones.

La discusión volvió a poner sobre la mesa una de las principales banderas del oficialismo: la necesidad de auditar estructuras financiadas por el Estado que durante décadas funcionaron con escaso control externo.

Mientras rectores y gremios denuncian un ajuste sobre la educación superior, desde el Gobierno aseguran que el objetivo no es desfinanciar las universidades sino transparentar el uso de recursos que pertenecen a todos los argentinos.

La falta de acuerdo anticipa nuevas semanas de tensión, aunque en la Casa Rosada insisten en que cualquier solución deberá contemplar no sólo mayores recursos sino también mayores niveles de rendición de cuentas.